lunes, 13 de mayo de 2013

Las escandalosas cifras de cesáreas en la sanidad privada: ¿un modelo de sanidad enfocado al negocio?


Que en España se hacen muchas más cesáreas de las necesarias suena a cantinela
conocida. En los últimos años hay hospitales que han hecho grandes esfuerzos por reducir su número mejorando ostensiblemente sus resultados, pero en la sanidad privada las cesáreas y los partos instrumentales campan a sus anchas ya que el modelo sanitario que se utiliza está enfocado al negocio y no a la salud.

Las cifras no dejan lugar a las dudas: El número de inducciones en la sanidad privada excede con mucho los porcentajes de posibles indicaciones reales de dichas intervenciones. En la Comunidad Valenciana en el año 2011 la sanidad privada tuvo un 35,3% de partos inducidos, frente a un 23,8% en la sanidad pública, siendo 2011 el año en que menos inducciones se han hecho desde 1998. En el año 2009 las inducciones en la privada fueron el 50,3% y en la pública el 29%. Sabiendo que muchísimas inducciones, sobre todo en primíparas, terminan irremediablemente en cesárea ¿es posible que algún profesional sanitario defienda que un 50,3% de las mujeres necesitan inducir su parto porque está en riesgo su salud o la de su bebé? (1)

Los indicadores de cesáreas y partos instrumentales también son peores en la sanidad privada. Volviendo a la Comunidad Valenciana, en 2011 las cesáreas en la privada ascendieron al 43,8% mientras que en la pública fueron el 23,1%. Por otro lado, los partos instrumentales en la privada fueron del 38,8%, mientras que en la pública fueron del 16,7%. De los 13 hospitales privados que atienden partos en la Comunidad Valenciana, en 2011, 7 superaron el 50% de cesáreas, destacando el Hospital Levante con un 60,5%. (2)

A efectos reales la sanidad privada no está sujeta a control alguno. El Ministerio de Sanidad sólo recoge datos de cesáreas, bebés de bajo peso y número de  prematuros. Algunas comunidades autónomas reclaman a las maternidades privadas algunos datos más, pero se limitan a eso. Ninguna autoridad obliga a estos centros hospitalarios a cumplir con la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias que en su

Artículo 5.1a (3) obliga a los profesionales a aplicar la evidencia científica más actualizada, ninguna Consejería de Sanidad clausura clínicas que practican más de un 50% de cesáreas por mala praxis masiva que pone en riesgo la salud de cientos de madres y de bebés. Al no impedirlo, se consiente tácitamente.

Esto viene dado porque los médicos trabajan en la privada con horarios limitados. Si la pretensión es que a cada mujer le atienda “su” ginecólogo, el cual trabaja además en muchas ocasiones en la sanidad pública, el médico necesitará que la mujer dé a luz en el tiempo del que dispone. Eso hará que el ginecólogo trate de planificar su trabajo indicando cesáreas programadas e inducciones que le ayuden a ajustar su agenda y que muchos partos de inicio espontáneo que necesitarían mas tiempo de desarrollo, terminen en cesárea o instrumentalizados simplemente porque el ginecólogo necesita marcharse. Y es que el tiempo de un ginecólogo vale dinero y su disponibilidad total es impagable.

Estas prácticas también son necesarias para optimizar recursos. Si hay escasez de personal o de paritorios es necesario acortar los tiempos de dilatación y que el parto termine cuanto antes. También es importante para reducir costes el trabajar en días laborables y en horario diurno reduciendo así el número de guardias. En muchos lugares tienen obsesión porque a “las seis esté el paritorio limpio”.

No se deben poner en un pedestal las prácticas sanitarias de la sanidad pública respecto al parto, que en muchos casos van en contra de la evidencia científica, pero hay que reconocer que sí están sujetas a un control gubernamental y su objetivo, aunque esté enfocado al ahorro, no lo está a la consecución de negocio. Con estas cifras en la mano se puede afirmar que el modelo sanitario privado respecto al parto es inadmisible.

Si una clínica privada, en cualquiera de sus otras especialidades, cometiera desmanes de esta envergadura, sería inmediatamente investigada generando una alarma social. Nadie imagina una clínica que extirpe a tutiplén vesículas biliares sanas o trate multitud de cánceres inexistentes con el conocimiento de las autoridades sanitarias sin que intervengan activamente para impedirlo.


(1) http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Informe_Salud%20Perinatal_2011.pdf

(2) http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/osip/2007/OSIP_CS_EMB_G13.pdf

(3) Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) que en su

Artículo 5.1 a): ˝Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.˝
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