Según un estudio de la
UCA y el Iadepp, 168.000 niños y adolescentes de hasta 17 años, en zonas
urbanas, carecen de documentación que acredite su filiación; problemas para
avanzar en la vida
Por Silvina Premat | LA NACION
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| Jonathan Albiaque, muestra feliz su tan anhelado DNI. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi |
Nacieron en los últimos diecisiete años en
alguna ciudad argentina, sus padres son también argentinos y, sin embargo, no
tienen, como todos los ciudadanos, un número de registro que los incluya en el
total de la población.
Los niños y adolescentes
argentinos de hasta 17 años invisibles para el Estado que viven en zonas
urbanas -algunos muy cerca de las oficinas donde se debería tramitar su
identidad- son 168.000. A ellos habría que sumar, para tener una visión
completa, a los argentinos sin documento que viven en zonas rurales y a los mayores
de 17 años. Pero no hay cifras que midan esos grupos.
Un informe realizado por
el equipo de investigación del Programa del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Instituto
Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp) se detiene
en esta problemática y la distingue de la de los migrantes internacionales que
no tienen identidad certificada por el Estado argentino, pero sí por los de sus
respectivos países.
Según los investigadores
de la UCA y del Iadepp, la mayoría de los niños que crece sin documento asiste a
la escuela primaria que suele aceptarlos en forma provisional hasta tanto se
presente el respectivo DNI. En el caso de que finalicen el nivel educativo sin
haber terminado el trámite, no se les expiden los certificados por los estudios
aprobados.
En el mundo, en 2000, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez estimaba que había unos 50 millones
de niños -el 41% del total- que no estaban registrados.
"No contar con un
DNI tiene un impacto negativo en el acceso de las personas a una educación
completa, al sistema de salud privado y a las diferentes líneas de seguridad
social que brinda el Estado para la población en situación de vulnerabilidad o
pobreza", dice el informe de la UCA.
También se afecta la
capacidad de representación de las personas ante la Justicia, la posibilidad de
ser sujeto de crédito o acceder a una cuenta bancaria; de casarse, de votar, y
se imposibilita su inserción en el mercado laboral formal, entre otras
consecuencias.
Según los datos del
ODSA, en el conurbano bonaerense los menores de 17 años tienen tres veces más
probabilidades de no tener documento que los que viven en ciudades del
interior. "A medida que empeoran las condiciones del espacio
sociorresidencial se incrementa la propensión a la vulneración del derecho a la
identidad", afirma el trabajo de la UCA.
Un niño en el estrato
muy bajo registra 2,5 veces más posibilidades de no tener DNI que un par en el
estrato medio alto. Esa brecha regresiva es de 2,6 veces entre los niños pobres
y los no pobres en términos de ingresos, y de 1,8 veces entre los niños
indigentes y los que no están en esa situación.
La posibilidad de que
los niños no tengan documento es levemente mayor en hogares monoparentales y en
los extensos. Además, se advierte que cuantos más menores vivan en el mismo
hogar, hay más chance relativa de no tener documento.
Según las normas, un
bebe debe ser inscripto en el registro civil correspondiente al lugar de su
nacimiento antes de los 40 días de vida. Para anotarlo pasado ese tiempo y
hasta los 12 años se requieren dos testigos que acrediten el vínculo (hasta
tanto siga en vigor una excepción dispuesta por la normativa vigente). La
inscripción de los mayores de 12 años debe ser autorizada por un juez, y ese
trámite lo hace un abogado ante los tribunales de familia que correspondan.
En estos juicios
extemporáneos o tardíos, se busca demostrar que alguien al nacer no fue
registrado y que no fue inscripto con otro nombre. También se compara la masa
corporal con la edad presunta. Los exámenes de ADN no son obligatorios.
"Los trámites son
gratuitos, pero muchas veces estas personas encuentran la posibilidad de
acceder a la Justicia a través de un abogado al que tienen que pagarle",
afirmó a LA NACION, Ianina Tuñón, directora del informe. "Conozco muchos
casos de personas que desactivan el trámite cuando sienten el menor rechazo por
parte de un empleado del Estado. Necesariamente el Estado tiene que ir hacia
ellos", concluyó..
Del editor: por qué es importante.
La identidad es ineludible y el Estado debe ayudar a
resolver la deficiencia con celeridad y trámites de rápida resolución.
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