Que en España se hacen
muchas más cesáreas de las necesarias suena a cantinela
Las cifras no dejan lugar
a las dudas: El número de inducciones en la sanidad privada excede con mucho
los porcentajes de posibles indicaciones reales de dichas intervenciones. En la
Comunidad Valenciana en el año 2011 la sanidad privada tuvo un 35,3% de partos
inducidos, frente a un 23,8% en la sanidad pública, siendo 2011 el año en que
menos inducciones se han hecho desde 1998. En el año 2009 las inducciones en la
privada fueron el 50,3% y en la pública el 29%. Sabiendo que muchísimas
inducciones, sobre todo en primíparas, terminan irremediablemente en cesárea
¿es posible que algún profesional sanitario defienda que un 50,3% de las
mujeres necesitan inducir su parto porque está en riesgo su salud o la de su
bebé? (1)
Los indicadores de
cesáreas y partos instrumentales también son peores en la sanidad privada.
Volviendo a la Comunidad Valenciana, en 2011 las cesáreas en la privada
ascendieron al 43,8% mientras que en la pública fueron el 23,1%. Por otro lado,
los partos instrumentales en la privada fueron del 38,8%, mientras que en la
pública fueron del 16,7%. De los 13 hospitales privados que atienden partos en
la Comunidad Valenciana, en 2011, 7 superaron el 50% de cesáreas, destacando el
Hospital Levante con un 60,5%. (2)
A efectos reales la
sanidad privada no está sujeta a control alguno. El Ministerio de Sanidad sólo
recoge datos de cesáreas, bebés de bajo peso y número de prematuros. Algunas comunidades autónomas
reclaman a las maternidades privadas algunos datos más, pero se limitan a eso.
Ninguna autoridad obliga a estos centros hospitalarios a cumplir con la Ley
44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias que en su
Artículo 5.1a (3) obliga
a los profesionales a aplicar la evidencia científica más actualizada, ninguna
Consejería de Sanidad clausura clínicas que practican más de un 50% de cesáreas
por mala praxis masiva que pone en riesgo la salud de cientos de madres y de
bebés. Al no impedirlo, se consiente tácitamente.
Esto viene dado porque
los médicos trabajan en la privada con horarios limitados. Si la pretensión es
que a cada mujer le atienda “su” ginecólogo, el cual trabaja además en muchas
ocasiones en la sanidad pública, el médico necesitará que la mujer dé a luz en
el tiempo del que dispone. Eso hará que el ginecólogo trate de planificar su
trabajo indicando cesáreas programadas e inducciones que le ayuden a ajustar su
agenda y que muchos partos de inicio espontáneo que necesitarían mas tiempo de
desarrollo, terminen en cesárea o instrumentalizados simplemente porque el
ginecólogo necesita marcharse. Y es que el tiempo de un ginecólogo vale dinero
y su disponibilidad total es impagable.
Estas prácticas también
son necesarias para optimizar recursos. Si hay escasez de personal o de
paritorios es necesario acortar los tiempos de dilatación y que el parto termine
cuanto antes. También es importante para reducir costes el trabajar en días
laborables y en horario diurno reduciendo así el número de guardias. En muchos
lugares tienen obsesión porque a “las seis esté el paritorio limpio”.
No se deben poner en un
pedestal las prácticas sanitarias de la sanidad pública respecto al parto, que
en muchos casos van en contra de la evidencia científica, pero hay que
reconocer que sí están sujetas a un control gubernamental y su objetivo, aunque
esté enfocado al ahorro, no lo está a la consecución de negocio. Con estas
cifras en la mano se puede afirmar que el modelo sanitario privado respecto al
parto es inadmisible.
Si una clínica privada,
en cualquiera de sus otras especialidades, cometiera desmanes de esta
envergadura, sería inmediatamente investigada generando una alarma social.
Nadie imagina una clínica que extirpe a tutiplén vesículas biliares sanas o
trate multitud de cánceres inexistentes con el conocimiento de las autoridades
sanitarias sin que intervengan activamente para impedirlo.
(1)
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Informe_Salud%20Perinatal_2011.pdf
(2)
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/osip/2007/OSIP_CS_EMB_G13.pdf
(3) Ley 44/2003 de
Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) que en su
Artículo 5.1 a): ˝Los
profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y
profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden,
de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada
momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley
y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.˝
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